Reforma jubilatoria

ENVIARAN UN PROYECTO DE LEY AL CONGRESO PARA REFORMAR EL SISTEMA PREVISIONAL
El Gobierno abre la opción de volver a la jubilación estatal


Hoy sólo es posible pasar del Estado a una AFJP, pero no al revés. Ahora se abrirá un período de 180 días cada cinco años para los que quieran cambiarse. La medida alcanza a los 11 millones de afiliados.

E l Gobierno lanzó ayer una reforma previsional para permitir que los trabajadores afiliados a la jubilación privada puedan regresar al sistema estatal si lo desean. Para ejercer esa opción habrá un período de 180 días cada cinco años. Y en esta primera etapa tendrán derecho a mudarse todos los afiliados a alguna AFJP, sin límites de edad.

Esta es la médula del anuncio que hicieron ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la ANSeS, Sergio Massa, en la Casa Rosada. Y sus lineamientos formarán parte de un proyecto de ley a enviarse al Congreso en los próximos días.

Más allá de abrir la posibilidad de retornar al Estado, la iniciativa establece, entre otros cambios, un tope de 1% para las comisiones que cobran las administradoras sobre el aporte de los trabajadores. Este porcentaje está actualmente en 1,3%, en promedio, aunque cada AFJP lo aplica según su política comercial.

El proyecto —que será centro de debate en las sesiones extraordinarias del Congreso, en febrero— prevé que el traspaso de afiliados se pueda hacer cada 5 años, durante un período de 180 días.

En el período inicial —que se abriría este mismo año si el Gobierno lo decide— podrán ejercer la opción todos los afiliados a las AFJP, que son 11 millones. En cambio, a partir del período siguiente quedarán excluidos de ese beneficios los jubilados que tengan más de 50 años (en el caso de las mujeres) o más de 55 años (hombres).

Estos cambios fueron decididos luego de un largo debate interno en el Gobierno, tal como había anticipado Clarín durante el fin de semana pasado. Y son complementarios de otra medida que se anunció el lunes último y cuyo decreto se publicó ayer en el Boletín Oficial: la prórroga del aporte de 7% que hacen los trabajadores afiliados a una AFJP. El aporte al sistema estatal o de reparto sigue en 11%.

La implementación de la libre elección implicará también la adopción de algunos cambios adicionales. Según explicó ayer Sergio Massa a este diario, uno de ellos será la unificación de esos dos aportes diferenciados y otros incentivos para que los afiliados tengan más incentivos para decidir un eventual cambio de régimen; por ejemplo un aumento de los haberes que paga el Estado (ver página 4).

La reforma anunciada ayer también cambia los criterios para asignar a los indecisos: los que se incorporen al mercado laboral y no opten por enviar sus aportes a uno de los dos sistemas vigentes, pasarán directamente al estatal de reparto. Hasta ahora eran enviados a alguna de las AFJP que cobran las comisiones más bajas.

También se instrumentará un sistema por el cual los afiliados a las AFJP que cuenten con aportes inferiores a los 20.000 pesos (sin son mujeres mayores de 50 años y hombres con más de 55 años) podrán pasar al Estado. Esto les asegurará que puedan acceder a la jubilación mínima, ya que si se jubilan por la AFJP no alcanzarían ese mínimo.

Para justificar la decisión de permitir la libre elección del sistema, Massa destacó ayer que "sólo tres de cada 10 trabajadores eligen voluntariamente su sistema, por lo que los siete restantes son sorteados. Y entre los trabajadores que eligen, la mitad lo hace por el sistema de reparto".

Por su parte, Alberto Fernández remarcó: "Ahora se abre la posibilidad de que la gente elija, algo que estaba vedado porque si ingresaba al sistema de capitalización, estaba obligado a quedarse". Y añadió que "estamos incluyendo este tema en las sesiones extraordinarias (del Congreso) y esperamos que rápidamente se apruebe porque es una demanda de muchos sectores".

http://www.clarin.com/diario/2007/01/25/elpais/p-00301.htm

Los ejes del proyecto

Habrá libertad para optar entre los sistemas jubilatorios de capitalización (AFJP) y de reparto (estatal) por un período inicial de 180 días.

La libre elección se podrá ejercer cada cinco años, con el fin de poder hacer evaluaciones periódicas sobre los resultados.

Los aportes de los trabajadores indecisos que no elijan por uno u otro sistema dentro de los primeros 180 días de entrar en el circuito laboral, irán al régimen de reparto. Hasta ahora se los sorteaba entre las AFJP de comisión más baja.

No habrá límite de edad para decidir los traspasos en el período inicial. Sin embargo, para el período que se abrirá dentro de 5 años, la edad límite para pasarse de sistema será de 55 años en los hombres y 50 en el caso de las mujeres.

La comisión que cobran las AFJP por administrar los aportes de los afiliados no podrá superar el 1% del aporte. Hasta ahora los costos (incluyendo el seguro) suman 2,4%. Así crecerá la porción a capitalizar.

El costo de los seguros de invalidez y muerte de los afiliados al sistema privado pasan a estar cubiertos por un sistema "mutualizado" (compartido) entre las administradoras. Se busca garantizar la transparencia en el mercado de las AFJP y bajar los costos para los beneficiarios, eliminando el costo del seguro de la competencia comercial entre administradoras.

El futuro de todos
Fernando Gonzalez
fgonzalez@clarin.com

El Presidente muestra algunos de los trazos de un mandato que entró en su etapa final, al menos hasta que se resuelva si va a haber reelección. A fines del año pasado comenzó el proceso de reducción de la Corte Suprema de Justicia y ayer se conoció cómo será la reforma jubilatoria que propone Néstor Kirchner.

El Gobierno promete que la jubilación que hoy paga el Estado va a aumentar y que el aporte va a terminar igualándose con el de las jubilación privada. Más allá de promesas, once millones de afiliados van a tener la posibilidad de cambiarse de sistema cada cinco años. Y esa libertad de elección, en un tema tan importante, es una buena noticia. Pero es un año electoral, y conviene estar alerta sobre el efecto real de una decisión que afecta como ninguna otra el futuro de los argentinos.

LOS ALCANCES DEL PROYECTO QUE ANUNCIO EL GOBIERNO

Claves para entender la nueva reforma de las jubilaciones

Unificarán los aportes para permitirles a los aportantes que elijan con más facilidad. Desaparecerá la diferencia entre el 7% que va a las AFJP y el 11% que va al Estado.

Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

Además de habilitar la libre opción jubilatoria, la reforma oficial impulsa otros cambios relevantes.

1 > Se unificará el descuento jubilatorio. Para facilitar la opción de elegir, el aporte del trabajador será el mismo estando en una AFJP o en el Estado. Hoy es del 7% para los afiliados a las AFJP y del 11% para el resto. Para que el traspaso al reparto no implique una baja en el sueldo de bolsillo del trabajador, cuando se lance el nuevo sistema el porcentaje de aporte sobre el salario será el mismo. Pero aún no está determinado en cuánto quedará.

2 > Aumentará la jubilación del Estado. Actualmente —por permanecer en el reparto— la ANSeS reconoce el 0,85% del sueldo promedio de los últimos 10 años por cada año aportado. Así, quien tiene hoy 30 años de aportes recibe la Prestación Básica (que oscila entre $ 200 y $ 230) más el 25,5% del sueldo. Ahora, con la reforma se reconocerá el 1,5% por cada año. O sea, con 30 años, además de la PBU, tendrá el 45% del sueldo. Para un sueldo de 1.000 pesos, implicaría una mejora del 43%.

3 > Garantía de jubilación mínima Los trabajadores que al llegar a los 50 años (mujeres) o 55 años (hombres) y que tengan ahorrado en la AFJP menos de 20.000 pesos podrían jubilarse con un haber inferior a la mínima. Para evitar que suceda esto se les permitirá pasarse al Estado con la garantía de que cobrarán la jubilación mínima. Pero harán el traspaso con una particularidad: los fondos que tengan acumulados en la AFJP serán transferidos al Estado y cobrarán íntegramente su haber del Estado. Los que no estén en esas condiciones cobrarán a prorrata, como ocurre actualmente.

4 > Los indecisos pasarán al Estado Los que empiezan a trabajar por primera vez —unas 50.000 personas al mes— y no optan ni por el Estado ni por una AFJP (los "indecisos") quedarán afiliados al reparto. Luego, podrán irse a una AFJP. Hoy es al revés, son enviados a las AFJP que cobran las comisiones más bajas y luego pueden cambiar, pero sólo a otra entidad privada.

5 > Se podrá volver al Estado una vez cada 5 años La apertura del registro de pases se hará cada 5 años y durará 180 días. La primera vez no tendrá límites de edad. Esto implica que engloba a los 11 millones de afiliados a las AFJP. Luego habrá un límite: se podrá realizar por última vez a los 50 años las mujeres y 55 años los hombres, o sea 10 años antes de cumplir la edad mínima de jubilación. Los trabajadores que ya están actualmente afiliados a una AFJP no tendrán obligación de optar.

6 > ¿Cómo serán las jubilaciones? Los fondos acumulados de los que se pasen al Estado quedarán en la AFJP y se guirán obteniendo la rentabilidad que se obtenga. Al momento de jubilarse, el haber se calculará en forma proporcional a los años aportados a cada sistema. Y se cobrará en forma unificada.

7 > Por la baja de comisiones, mejorará la jubilación de los afiliados a las AFJP. Del aporte del trabajador, las AFJP deducen en promedio el 1,11 por ciento como comisión propia y 1,42 por ciento como costo del seguro previsional que financia las pensiones de invalidez y fallecimiento. Así de los 7 puntos del aporte, a la cuenta del trabajador ingresa neto el 4,47 por ciento. En adelante, como máximo, las AFJP sólo podrán retener del aporte del trabajador el 1% del sueldo para sus gastos y utilidades. En este caso, a la cuenta del trabajador irá el 6% y eso debería mejorar su futura jubilación privada. El seguro se financiará como un porcentaje de los rendimientos que obtengan las AFJP con los fondos de sus afiliados.

8 > Los monotributistas y el personal doméstico siguen en el Estado. La opción de cambio engloba a los trabajadores en relación de dependencia y autónomos que estén en una AFJP. Y no incluye a monotributistas ni personal doméstico, que seguirán aportando sólo al Estado.

http://www.clarin.com/diario/2007/01/25/elpais/p-00401.htm

TRAS EL ANUNCIO

Respaldo político y sindical


El anuncio de aplicar cambios en el régimen jubilatorio privado para facilitar el regreso de los afiliados al sistema estatal y poner un tope a las comisiones de las AFJP generó una amplia adhesión política, empresaria y sindical.

El gobernador de Tucumán, José Alperovich, expresó que "mediante el proyecto se termina con una forma perversa de asignar los trabajadores al sistema jubilatorio".

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) calificó la jornada de ayer como un "día histórico". "Hoy se está dando un paso fundamental hacia la reforma previsional, y de esta forma terminar con la estafa de muchos bancos y sus AFJP", aseguró la entidad gremial a través de un comunicado de prensa.

El jefe de la CGT, el camionero Hugo Moyano, señaló que con esta medida "el Gobierno nacional retoma parte de la dignidad de los trabajadores y le da la opción para que puedan ir a la jubilación del Estado". Añadió que "no hace mucho tiempo, en el Congreso de la Nación, dije que las AFJP fueron una de las más grandes estafas que se le habían hecho al pueblo argentino, y lo sigo pensando".

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Jorge Brito, afirmó que el proyecto "es una propuesta racional y centrada que contempla tanto los temas técnicos como los intereses de los jubilados".

El senador justicialista por el Chaco Jorge Capitanich, sostuvo: "Es importante que el Estado ponga un límite a las comisiones de las AFJP, ya que estas disminuyen el monto que se capitaliza y que constituirá el futuro ingreso de los jubilados y pensionados", indicó el legislador.

El ex diputado radical Eduardo Santín consideró que el proyecto "es un avance sustancial en la materia y afirmó que a partir de esa decisión "se acabó el negocio fenomenal".



http://www.clarin.com/diario/2007/01/25/elpais/p-00402.htm

ACEPTAN LOS CAMBIOS, PERO ACONSEJAN NO AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Las AFJP reaccionaron con cautela

En base a los anuncios hechos ayer en la Casa Rosada, el director Ejecutivo de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, le dijo a Clarín que resulta "lógica" la opción de vuelta al Estado. Pero agregó que es "crucial" conocer la letra chica del proyecto y su reglamentación "para que la opción se realice en condiciones que no afecten la estabilidad de ambos sistemas".

No obstante, las AFJP consideran que el régimen privado es "hoy, y en el futuro, una muy buena opción para la gran mayoría de los afiliados y para el país", según un comunicado.

Palla —que actuó como único vocero autorizado por las AFJP— dijo con relación al tope del 1% sobre las comisiones que "hoy la comisión promedio es muy similar a ese techo, pero en el largo plazo un corset de este tipo puede provocar problemas a las AFJP". Por eso, Palla sostuvo que "para optimizar costos, se debería revisar la estructura completa de costos, incluyendo los costos regulatorios e impositivos".

Respecto a la modificación en la estructura del seguro, el director de la UAFJP dijo que "todo cambio que apunte a reducir los costos para los afiliados sin perjudicar el servicio que se les brinda es positiva".

Además las AFJP dijeron que "resulta imprescindible restituir el nivel de aportes al 11% por una razón fundamental de solvencia del afiliado (para que guarde proporción el haber con el ingreso), de equidad entre los dos sistemas y de normalización de una situación planteada en la emergencia". También insistieron que lo fundamental es ver cómo se implementará el proyecto, y que "la continua colaboración con las autoridades permitirá trabajar sobre estos puntos de manera detallada, de modo de implementar una reforma justa, conveniente y ordenada".

http://www.clarin.com/diario/2007/01/25/elpais/p-00403.htm


El análisis de Argentina K, de la reforma jubilatoria.

Existen cuestiones auspiciosas en esta "reforma K" del sistema jubilatorio.
La primera de ellas, es que ya no seremos cautivos de las administradoras privadas y tendremos, luego de varios años, la opción de elegir.
Ahora la pregunta es: ¿elegir qué?. Aún no se sabe que beneficios nos traería pasarnos nuevamente al sistema de reparto, mas aún, cuando el Estado, hace oídos sordos al urgente reclamo de los jubilados de hoy, que cobran el mínimo (mas del 60% del total) y les corresponderían haberes mayores.
Es decir, el gobierno nos promete a futuro jubilaciones “dignas”, mientras en el presente no cumple con el justo reclamo de actualización de los pasivos que deberían cobrar haberes superiores al mínimo establecido.
Recordemos que la Corte Suprema, emitió un fallo hace pocos meses, que intenta resolver esta cuestión. Fue cuando K, tiró un 13% desde enero y listo.
Por otra parte, se bajaran las abusivas comisiones que cobran hoy las administradoras, hasta un 1 punto de los aportes, como máximo. Aplausos!
Esta claro que se trata de una esperada “contrarreforma”, del desastre menemista (uno de los tantos, quizas el mayor), de las AFJP, que ninguno de los líderes de la oposición hubieran efectuado. ¿Que dicen Lavagna y Macri de esta reforma? Nada!
Esperemos que sea solo el comienzo de cambios mas profundos, y que exista un verdadero reconocimiento del trabajo de tantos años a los viejos de hoy, antes de tantas proyecciones inciertas para las décadas que vienen.

Diario Pagina-12 25 de enero de 2007


ABREN LA OPCION ENTRE EL SISTEMA DE CAPITALIZACION Y EL PUBLICO DE REPARTO


Final para el otro corralito de Cavallo

El Gobierno anunció un proyecto de reforma previsional. Además de permitir que los afiliados a las AFJP vuelvan al Estado, pone un techo a las comisiones, baja los costos de seguros, cambia la distribución de indecisos y mejora la base de cálculo de las jubilaciones públicas.

Por David Cufré

El corralito que mantiene atrapados a los afiliados a las AFJP desde hace trece años finalmente será levantado. Aquellos que deseen salir del sistema de jubilación privada y pasar al régimen público de reparto podrán hacerlo. Ese es el punto central de un proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días, para ser debatido -y seguramente aprobado- durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa reforma aspectos sustanciales del actual régimen previsional, aunque lo preserva en sus ejes fundamentales. El radicalismo, el ARI y legisladores de centroizquierda expresaron un rápido apoyo a la propuesta, que venían reclamando con insistencia desde hacía años. La CGT y la CTA también se pronunciaron a favor.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Anses, Sergio Massa, hicieron el anunció ayer por la mañana en Casa Rosada. Los cuatro puntos principales del proyecto fueron anticipados por Página/12 a mediados del año pasado. Es decir, estaban escritos desde hacía tiempo. Pero Néstor Kirchner eligió el momento político para avanzar con la reforma. Según la oposición, especulando con el año electoral. Fernández dio su versión: "Para nosotros era una prioridad en la que trabajamos durante mucho tiempo y nos preocupaba concretar rápidamente. Era uno de los objetivos que nos habíamos fijado en 2003 en la plataforma electoral".

El proyecto habilita la libre opción entre el sistema de capitalización y el de reparto, pero además pone un techo a las comisiones de las AFJP, ordena que los trabajadores que no optan por ninguno de los dos regímenes pasan a aportar al Estado y cambia de raíz la forma en que las empresas de jubilación aseguran a sus afiliados. Otros dos artículos relevantes son los que mejoran la base de cálculo para los haberes que pagará el Estado, que en la práctica serán más altos (ver nota aparte), y el que dispone que las AFJP estarán "obligadas a invertir un 20 por ciento de los fondos administrados en proyectos productivos de la economía real a largo plazo".

Cada una de esas medidas tiene su complejidad técnica y su alcance final dependerá de la redacción fina de la ley y de su reglamentación, pero el espíritu del proyecto apunta a corregir deficiencias e inequidades profundas del actual sistema. La más notoria es la prohibición actual para dejar una AFJP y volver al reparto, para jubilarse por el sistema estatal.

Como el corralito bancario de 2001, ese también es obra de Domingo Cavallo. El Gobierno decidió abrir la tranquera. Una vez promulgada la ley, se abrirá un período de 180 días para salir de la administradora privada y transferir el aporte al Estado. Pasado ese plazo, la opción quedará bloqueada por cinco años, y allí otra vez se darán 180 días para abandonar la AFJP. Massa explicó a este diario que se optó por esa fórmula para preservar la "previsibilidad de los sistemas".

Por la misma razón, el límite para ejercer la opción es a los 50 años en el caso de las mujeres y de 55 en el de los hombres. Una vez alcanzada esas edades, no habrá más chances de dejar las AFJP. Massa dio un dato crucial: si el afiliado se queda en la administradora y cuando se jubila no llega a cubrir con lo que capitalizó el equivalente al haber mínimo, el Estado no compensará la diferencia como ocurre en la actualidad. Sin embargo, eso será a futuro, puesto que en lo inmediato el Gobierno hace exactamente lo inverso: aquellos afiliados que al momento de aprobarse la ley tengan menos de 20.000 pesos en sus cuentas podrán volver al Estado para asegurarse la prestación mínima.

Massa aclaró que la primera vez que se habilite la opción para volver al régimen de reparto no correrá el límite de la edad, que sí estará vigente cinco años más tarde y de ahí en más. El funcionario se negó a estimar cuántos de los 11,3 millones de anotados en alguna AFJP -de los cuales aportan regularmente 5,4 millones- elegirían volver al Estado. Sin embargo, otras fuentes del Gobierno arriesgaron que podrían ser más de un millón de personas. Mucho dependerá de la facilidad o complejidad del trámite.

Las AFJP descontaban que en algún momento se habilitaría la libre opción entre capitalización y reparto, pero lo que más les afecta es que de ahora en más las personas que ingresen al mercado laboral y no digan expresamente cuál de ellos eligen serán considerados aportantes del Estado. En la actualidad, es a la inversa. Esa también fue una jugada de Cavallo para favorecer la jubilación privada. Todos los meses entran al mercado laboral 50 mil personas, de las cuales sólo 1500 optan voluntariamente por alguna AFJP. Otras 1500 eligen el Estado, y las 47 mil restantes no hacen nada. Pero la ley vigente envía a estos últimos por sorteo a alguna administradora privada -entre las tres que menos comisión cobra para su rango de ingresos-. Es decir, la principal fuerza de captación de clientes de las empresas es este entramado legal, que ahora se desmonta.

De igual modo, para las AFJP es un golpe el techo que fija la nueva ley a las comisiones por administración: el máximo será de 1 punto, sobre 7 puntos actuales del salario que aportan los trabajadores. En la actualidad, el costo promedio de esa comisión es de 1,1. El otro componente de la comisión es el seguro, de 1,4 por ciento en promedio. La ley también cambia el esquema asegurador, al crear un fondo mutualizado único al que aportarán todas las administradoras. Esto favorece a las AFJP más grandes, que tenían mayores costos de seguro, y perjudica a las chicas que apuntan a los sectores de ingresos altos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-79540-2007-01-25.html

Los puntos más destacados del proyecto de ley que permitirá a los trabajadores optar libremente entre el sistema de capitalización y el de reparto son los siguientes:

1 Libre opción jubilatoria entre los sistemas de capitalización y de reparto por un período inicial de 180 días.

2 Los aportes de los indecisos que ingresan al circuito laboral irán directamente al régimen de reparto.

3 La fecha límite para pasarse de sistema será de 55 años en los hombres y 50 en el caso de las mujeres. Sin embargo, para el plazo inicial de 180 días, no habrá límite de edad.

4 La libre elección se podrá realizar cada cinco años, con el fin de poder hacer evaluaciones periódicas sobre los resultados.

5 En el caso de que haya aportes en los dos sistemas, se acumularán prestaciones complementarias y se liquidarán jubilaciones mixtas donde se computarán los ahorros previsionales en capitalización y los aportes previsionales en el sistema público.

6 El costo de administración del sistema de capitalización en las AFJP no será superior al 1 por ciento del salario. Actualmente llega al 1,1 por ciento más el costo del seguro, lo que suma en total un 2,4 por ciento.

7 El seguro de vida e invalidez de los afiliados al régimen de capitalización pasan a estar cubiertos por un sistema mutualizados entre las AFJP.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/79540-25683-2007-01-25.html

REACCION CAUTELOSA DE LAS AFJP

La Unión de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones manifestó ayer su respeto por el principio de libertad de elección que impulsa el Gobierno y se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades para trabajar en el proyecto de manera detallada. Por su parte, el presidente de Nación AFJP, Julio Gutiérrez, fue más enfático, al afirmar que "está bien" que el trabajador pueda elegir.

"Si bien no tuvimos acceso al proyecto de ley, de acuerdo con los anuncios consideramos que la libre opción es razonable", opinó Sebastián Palla, titular de esa cámara, e insistió en que "hay que tener en cuenta en qué condiciones se va a realizar ese pase". En ese mismo sentido, Gutiérrez señaló que es preciso realizar "una tarea docente" porque "hay mucha gente que no conoce qué significa cada opción".

En tanto, el titular del Banco Macro y presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito, sostuvo que el proyecto de libre opción jubilatoria "es una propuesta racional que contempla tanto los temas técnicos como los intereses de los jubilados". "En la Argentina no se puede pensar más en hacer negocios arriando a la gente, sino que hay que desarrollarlos seduciendo al mercado", remarcó Brito. A la vez, Palla consideró "importante definir que la opción de la vuelta a reparto se realice en condiciones que no afecten la estabilidad de ambos subsistemas sin alentar arbitrajes". "Toda modificación en la estructura del seguro que apunte a reducir los costos para los afiliados sin perjudicar el servicio es positiva", apuntó el ejecutivo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/79540-25684-2007-01-25.html

Tres economistas opinan sobre el futuro del régimen

CLAUDIO LOZANO
"Reorganizar el sistema"

"Constituye un paso adelante para debatir un nuevo sistema previsional. Si bien el proyecto no lo he visto, lo que entendemos es que es positiva la función de limitar el negocio 'estafa fácil' del que gozaron las AFJP durante todos estos años. Que los indecisos terminen en el sistema público, que los beneficiarios tengan la posibilidad de optar por el tipo de sistema que quieren, y la intención de que las comisiones 'usurarias' sean más bajas, son los puntos más acertados del proyecto. Pero falta la definición de fondo acerca de cuál va a ser el futuro sistema previsional. Tendría que estar sostenido por tres pilares: el primero es el financiamiento por rentas generales que garanticen una jubilación para todos. El segundo sería la adquisición de carácter contributivo y público, sobre la base del reparto, y el tercero es que sea optativo y complementario, financiado con aportes adicionales, que funcionen como mutual, independiente del sistema general. Ojalá estas decisiones encaminen a la reorganización de la previsión social."

JORGE SCHVARZER
"En dirección correcta"

"Esto es el comienzo de un cambio en el sistema previsional, que no es poca cosa. Va en la dirección correcta porque son cambios importantes para un régimen que ya tiene doce años. Hay tres puntos del proyecto que resaltan. El primero es la posibilidad de que la gente pueda elegir entre el régimen de reparto y el de capitalización. En cualquier parte del mundo esto se llama libertad de mercado. Es el de mayor relevancia porque generaba una situación de monopolio de hecho de las AFJP. Bajar las comisiones es el segundo hecho destacable, porque las AFJP cobraban independientemente de la rentabilidad de la que gozaban, es decir que la ganancia que obtenían no dependía de su eficiencia para operar. Esto es un derecho de monopolio y es una barbaridad. La tercera propuesta a subrayar es la que indica que los que no opten queden en el sistema de reparto, porque se invierte la situación. La medida está encaminada a que quien quiera entrar en capitalización, que lo decida, y no al revés. Y la restricción a la posibilidad de elección cada cinco años es positivo para los afiliados."

HECTOR VALLE
"Debería ser más flexible"

"El anuncio del cambio en el sistema es un excelente punto de arranque. Es muy positivo que se avance en esa dirección, pero el sistema debería ser aún más flexible. Lo ideal sería un sistema como el brasileño, en el cual uno puede automáticamente pasarse en cualquier momento del año. El afiliado debería tener a su disposición su dinero para poder decidir qué hacer con él cuando quiera. Y tendría que haber una gran flexibilidad, ya sea para volver al Estado o para iniciar desde el Estado o para pasar de una compañía a la otra. Lo que hay que destacar de todo esto es que gran parte del ahorro nacional es ahorro de los trabajadores, que son sus aportes previsionales, y por lo tanto es la parte más importante de su ahorro privado. Por lo tanto no tiene por qué haber una situación discriminatoria en desmedro del ahorro privado de los trabajadores, con respecto del ahorro privado de una persona cualquiera que puede entrar y salir del sistema según le convenga. La condición necesaria sería que uno pudiera elegir el sistema y la condición suficiente debería ser que además uno pudiera realizarlo sin ninguna traba."

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/79540-25685-2007-01-25.html

Por Claudio Zlotnik



¿Qué conviene hacer? ¿De qué depende la decisión? ¿Qué pasará con los fondos ahorrados por los afiliados que se pasen al sistema de reparto? A continuación, las claves de la medida anunciada ayer por el Gobierno.

1 ¿Durante cuánto tiempo se podrá optar por el sistema de reparto?

Será por 180 días a partir de la sanción de la ley, que será tratada el mes que viene. Una vez cerrado el ciclo, el Ejecutivo podrá reabrir esa posibilidad a los cinco años. La libre opción podrá realizarse hasta los 50 años en el caso de las mujeres y hasta los 55 para los hombres.

2 ¿Conviene pasarse ahora de una AFJP al régimen de reparto?

Depende de la edad del afiliado. También de que se mantengan las actuales condiciones de rentabilidad de las AFJP, un escenario que conlleva incertidumbre. Página/12 consultó a especialistas en el sector previsional y la conclusión fue la siguiente: teniendo en cuenta que el Estado reemplazará la actual Prestación por Permanencia (del 0,85 por ciento sobre el salario promedio de los últimos diez años) por una Prestación Compensatoria (elevando la proporción al 1,5 por ciento), el régimen de reparto sería hoy recomendable para las personas de más de 49/50 años. A los más jóvenes, y siempre y cuando las AFJP conserven la rentabilidad histórica del 9,8 por ciento anual en términos reales, les convendría el sistema de capitalización.

3 ¿El nivel salarial influye sobre la decisión?

No, porque las variables que se toman en cuenta (ya sea la Prestación por Permanencia o la Compensatoria) dependen de porcentajes del salario y no hay cambios en las reglas según cuál sea su monto.

4 ¿Qué pasará con los denominados "indecisos"?

Bajo el sistema actual, los nuevos trabajadores que al cabo de tres meses no eligen alguna administradora o piden expresamente quedarse en el régimen de reparto se los sortea entre las AFJP con las menores comisiones de acuerdo con el nivel salarial. El proyecto oficial da un giro de 180 grados a esta situación e indica que los "indecisos" permanecerán en el Estado. Hay que tener en cuenta que sólo 3 de cada 10 personas eligen su sistema en forma voluntaria. Por ese motivo, esta modificación es de fondo para el actual régimen de jubilaciones.

5 ¿Bajarán las comisiones de las AFJP?

La comisión tiene dos componentes: el seguro y los gastos administrativos. En el primer caso, el costo asciende, en promedio, al 1,42 por ciento del sueldo mientras que el segundo, al 1,11 por ciento. Un total del 2,53 por ciento del salario. El Gobierno planteó, de ahora en más, que la comisión tendrá un techo del 1,0 por ciento del salario. Ese costo será para cubrir los gastos administrativos. Los seguros se costearán de la rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP, pero todavía se desconoce la fórmula para calcular ese costo, que también estará a cargo del afiliado.

6 ¿Qué sucederá con los fondos ahorrados por los afiliados que se pasen al sistema de reparto?

Seguirán siendo administrados por las AFJP. Por esa tarea, las administradoras cobrarán una comisión, pero su costo deberá ser definido en la reglamentación de la ley. También debe definirse la composición del haber jubilatorio de aquellas personas que ya aportaron al Estado, a las AFJP y que ahora retornan al Estado.

7 ¿Cuál es el principal atractivo de la jubilación pública?

La certeza para el jubilado de lo que le abonará el Estado. No obstante, aún resta definir la cláusula de ajuste que tendrán esos haberes. En cambio, en el sistema privado no hay garantías sobre el monto de la jubilación, con la excepción de la AFJP Nación, que garantiza una rentabilidad del 4 por ciento anual.

8 ¿Qué pasa si el Gobierno anuncia un aumento en las jubilaciones?

Hasta el momento, cada vez que el Ejecutivo incrementó los haberes les garantizó a los afiliados a las AFJP el haber mínimo. Distinto sería en caso de que el ajuste lo haga por ley, habilitando una movilidad del "Módulo Previsional", que ahora está en 80 pesos. En ese caso podría dejar excluidos a los afiliados a las AFJP.

9 ¿Cuál será el tratamiento especial para los afiliados mayores?

Las mujeres de más de 50 años y los hombres de más de 55 que hayan capitalizado menos de 20 mil pesos en sus cuentas podrán reingresar al sistema público en cualquier momento. El Gobierno les da esa chance y los rescata porque, si no, cobrarían por debajo de la mínima.

10 ¿Por qué habrá cambios en el sistema de seguros?

El objetivo es abaratar los seguros que paga el afiliado a las AFJP. Los riesgos de invalidez y muerte serán cubiertos por un sistema mutualizado entre las administradoras. Será una compañía en la que tendrán participación las 12 AFJP.

11 ¿Habrá un costo para traspasarse de régimen?

No. Será totalmente gratuito.

12 ¿Qué pasa si una persona que pasó al Estado se arrepiente?

Puede volver al sistema privado en cualquier momento, así como también aquellos que optaron por el régimen de reparto y quieren afiliarse a una administradora.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/79540-25686-2007-01-25.html

Por Alfredo Zaiat

Aun con los interrogantes que existen por detalles no explicados de las modificaciones al régimen previsional, esta reforma del Gobierno se convertirá en una de las más importantes de la actual gestión sobre la herencia maldita. Como en casi todas las iniciativas oficiales que en estos años han intentado alterar el vínculo con el núcleo duro de poder constituido en los noventa -en este caso, bancos dueños de AFJP-, los retoques son relevantes teniendo en cuenta de dónde se parte, pero son insuficientes para una transformación de raíz.

Las nuevas reglas de funcionamiento del sistema jubilatorio emprolijan el engendro diseñado hace casi trece años con aval y financiamiento del Banco Mundial. No lo cambia. El régimen se convirtió en uno de imprevisión social y fuente de ganancias extraordinarias para las entidades financieras administradoras de dinero de los trabajadores. Y seguirá siendo así, aunque se limitarían esas utilidades con la disminución de la comisión y el replanteo del seguro de vida e invalidez. Todas las dudas que emergen del actual sistema, incluso con las variaciones que se implementarán, sólo se pueden responder estableciendo una serie de supuestos arbitrarios y de incierto cumplimiento. La decisión de cuál de los dos sistemas "conviene" -el de reparto o el de capitalización- es imposible de tomar con cierta racionalidad por el desconocimiento de la evolución de importantes variables (estado civil futuro, tabla de mortalidad, evolución salarial, entre otras). Es lo mismo que sucedió a mediados de 1994, cuando se inauguró la jubilación privada. La elección se asumirá por corazonada, por cuestiones ideológicas o por promesas de haberes que recién al momento de la jubilación se sabrán si fueron correctas. Lo cierto es que ni en una ni otra alternativa se puede saber a priori cuál será la más conveniente monetariamente.

La cuestión clave se encuentra, entonces, en cuál debe ser el objeto de un sistema previsional. Tiene que ver con su concepción: si está en función de una lógica individual, financiera y especulativa, o si constituye un pacto de solidaridad intergeneracional -el trabajador aporta para hacer frente a las jubilaciones actuales- con el Estado como regulador de esa cohesión social. La recuperación de este último modelo implicaría la eliminación de las AFJP, o con esas compañías quedando como opción para los trabajadores de altos ingresos. La reforma anunciada, que tiene su indudable importancia, puede ser vista con exagerado entusiasmo como un camino hacia ese objetivo o, en cambio, como la definitiva consolidación de un sistema que nació y se desarrolló como un fabuloso negocio para los bancos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/79540-25687-2007-01-25.html

Clarín-26 de enero de 2007



LA REFORMA PREVISIONAL QUE LANZO EL GOBIERNO

Jubilaciones: habrá mejoras para quien opte por el EstadoSe lo dijo a Clarín el jefe de la ANSeS.
Reconocerán un haber mayor por los años aportados al Estado. Y se aplicará tanto a quienes ya aportan al sistema de reparto como a los que entren con esta reforma.

Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

La reforma jubilatoria incluye una mejora en el cálculo de la futura jubilación de los trabajadores que permanecieron u opten en el futuro por el Estado. Así lo admitió el titular de la ANSeS, Sergio Massa, confirmando el anticipo de ayer de Clarín.

Esta mejora en la futura jubilación del Estado es porque en los cambios anunciados se incluye un artículo que reconoce un haber mayor al actual por los años aportados al Estado. Y eso se otorgará tanto para los que ya estaban en el sistema público como para los que desde ahora se pasen desde el sistema privado al Estado. Esta mejora fue introducida para corregir la fuerte baja jubilatoria que implicaba permanecer en el Estado.

Así, para un trabajador que en sus últimos 10 años tenga un sueldo de 2.000 pesos, con 30 años de aportes en el Estado después de 1994, la mejora final en el haber será del 54,9%. En lugar de 710 pesos pasará a cobrar 1.100 pesos (ver infografía).

El porcentaje de mejora varía según el sueldo, los años de aportes y si esos aportes fueron hechos al Estado antes o después de 1994.

Con 40 años de aportes después de 1994, en ese mismo ejemplo, la mejora es del 57,8%, porque el futuro haber pasará de 900 a 1.420 pesos. En cambio, si de esos 40 años, 10 años fueron aportados antes de 1994, la mejora se reduce al 37,9%.

Esto es así porque la ANSeS reconoce hasta ahora el 0,85% del sueldo promedio de los últimos 10 años por cada año aportado. Y tras la reforma pasará a reconocer el 1,5%.

De esta manera, mientras hasta ahora, para 30 años de aportes, además de la Prestación Básica Universal (que va de $ 200 a 230 pesos) se reconoce como futura jubilación el 25,5% del sueldo promedio (30 x 0,85%), de aprobarse la reforma se reconocerá el 45% (30 x 1,5%). Con 40 años de aportes, el reconocimiento es mayor: ahora es del 34% y tras la reforma será del 60%.

"Lo que se hizo fue otorgar el mismo reconocimiento a los años de aportes hechos antes de de 1994 —que es del 1,5% por año— que a los realizados después de esa fecha. En cambio, la reforma de 1994 lo que hizo fue otorgar un reconocimiento menor, de sólo el 0,85% por permanecer en el Estado justamente para favorecer la afiliación a las AFJP. De esta manera, el Gobierno busca un equilibrio entre los dos sistemas para que la gente pueda elegir libremente, y no condicionada", explicó Massa.

Sin embargo todavía no está resuelto —podría figurar en la reglamentación— la forma de actualización del sueldo promedio de los últimos 10 años que se toma como base de cálculo.

Este punto es crucial porque en años o períodos de inflación, si no se ajusta el sueldo de referencia para el cálculo de la jubilación, el promedio resulta muy bajo. Y entonces disminuye el haber inicial del futuro jubilado con relación al ingreso del último momento de su vida activa, deteriorando la relación con su salario real y su nivel de vida.

Otro tema clave es el ajuste del valor de la Prestación Básica Universal (PBU). Desde 1998, por un decreto, el valor de la PBU —que integra el cálculo de la jubilación— quedó congelado en 200 y 230 pesos, según los años aportados, cuando debería ser actualizado por la variación de la recaudación previsional, según prevé la legislación previsional.

Queda por último la movilidad de la jubilación. Hasta ahora, los aumentos se fueron dando a través de decretos del Gobierno y a partir de enero a través de un ajuste del 13% en la ley de Presupuesto. Pero no se aplica un índice de movilidad en función de indicadores tales como salarios o inflación.

Al no aplicarse un índice de movilidad, a lo largo del tiempo — y estamos hablando de períodos largos que pueden ser de 10, 20 o más de 25 años por la mayor expectativa de vida— el poder de compra de la jubilación estatal podría ir deteriorándose y se reduciría aún más con relación al nivel de vida que tuvo el trabajador en su vida activa.

Por todo esto se aguarda que el Gobierno dé a conocer el proyecto de ley para evaluar cómo son todos los cambios y cuáles aspectos recién quedarán definidos en la reglamentación que estará en manos del Ejecutivo.
http://www.clarin.com/diario/2007/01/26/elpais/p-00301.htm


Luego de elegir reparto o AFJP, no se podrá cambiar de sistema por 5 años
http://www.clarin.com/diario/2007/01/26/elpais/p-00401.htm

Las administradoras ya se preparan para la reforma
http://www.clarin.com/diario/2007/01/26/elpais/p-00403.htm

En el Congreso dicen que va a salir antes de marzo
http://www.clarin.com/diario/2007/01/26/elpais/p-00501.htm

Pagina-12


26 de enero de 2007




CERTEZAS e INTERROGANTES EN LA DECISION DE QUE SISTEMA ES MAS CONVENIENTE


Ahora el problema es qué habrá que elegir


La apertura de la tranquera para regresar al sistema de reparto, manteniendo el sistema de capitalización, genera dudas sobre cuál es el sistema que más le conviene monetariamente a cada trabajador. En el cálculo influyen infinidad de variables. Cuáles son las más importantes. Las estimaciones que hacen los especialistas.

Existen 11,3 millones de personas afiliadas a las AFJP, pero apenas 5,4 millones aportan regularmente.

Por Claudio Zlotnik


La decisión del Gobierno de permitirles a los afiliados de las AFJP optar por el sistema estatal provoca una disyuntiva en 11,3 millones de personas inscriptas en ese régimen, aunque aportan regularmente 5,4 millones. Son los clientes de las administradoras que deben decidir si, con la puerta abierta del corralito, pegan el salto y empiezan a derivar sus aportes previsionales al Estado. ¿Qué conviene hacer? Esa es la pregunta clave. Con los datos que ya existen se puede evaluar el escenario aunque, en rigor, todavía quedan detalles de la reforma por definir que son importantes para tomar la mejor decisión. Página/12 consultó a especialistas y ya empezaron a sacarse las primeras conclusiones.

Para aproximarse a una respuesta no queda otra alternativa que definir algunos supuestos. Bajo esa condición puede afirmarse que la mejor alternativa para las personas con 50 años o más es pasarse al sistema de reparto. Los menores de esa edad ganarían quedándose en la jubilación privada. Para arribar a ese resultado se tomaron las siguientes hipótesis:

- Que el aporte a las AFJP permanece en el 7 por ciento, que fue el nivel confirmado por Néstor Kirchner pocas horas antes de difundirse la reforma.

- Que la comisión de las administradoras baja del actual 2,53 por ciento promedio al 1,0 por ciento. Lo que resta definir es el costo del seguro, que hasta ahora formaba parte de la comisión (1,42 por ciento del salario en promedio) y que con la nueva ley se tomará de la rentabilidad de los fondos administrados. Todavía se desconoce su magnitud.

- Que la rentabilidad del sistema de jubilación privada se mantiene en el 9,8 por ciento anual, en términos reales (por encima de la inflación). Esa es la rentabilidad histórica promedio de las administradoras.

Sin embargo, modificando uno solo de esos parámetros, el de la rentabilidad, y reduciéndola al 6 por ciento anual, el corte para pasarse al reparto de ese trabajador es de 46 años.

De acuerdo al nuevo proyecto, por cada año de aporte, el Estado les garantizará a los jubilados una renta equivalente al 1,5 por ciento del salario promedio de los últimos diez años. Una persona con un sueldo de 1000 pesos percibirá 15 pesos mensuales por cada año aportado. A este dinero hay que añadirle la PBU (Prestación Básica Universal) de 200 pesos. Y otro 1,5 por ciento por cada año que aportó al Estado anteriormente, en caso de haberlo hecho. Pero al efecto del nuevo régimen, estas dos últimas variables no se toman en cuenta ya que son cobradas tanto por los afiliados a las AFJP como por los jubilados del sistema público.

Significa que, para saber lo más conveniente, hay que comparar aquellos 15 pesos mensuales (por cada año aportado) que asegura el Estado de ahora en más con lo que ofrecen las AFJP. Para una persona de 64 años con ese sueldo de 1000 pesos, como le queda sólo un año de aportes, la administradora le dará, cuando se jubile, 5,20 pesos mensuales. La tercera parte que el Estado. El dato surge de dividir los 780 pesos acumulados en el año (60 pesos por 13 meses) divididos los 150 meses que las AFJP toman como expectativa de vida promedio de ese futuro jubilado. La relación recién se da vuelta a favor de las AFJP cuando la persona tiene 50 años. Si a los 60 pesos capitalizados cada mes durante un año se añade la rentabilidad anual del 9,8 por ciento hasta el momento de jubilarse, en lugar de contar con los 15 pesos mensuales por año de aporte que ofrece el Estado, la AFJP le dará 15,97 pesos. Según esta regla, al momento de hacer la elección, si la persona cuenta entre 18 y los 50 le conviene seguir en la AFJP.

Este ejemplo que tiende a una regla general se complica según cuál sea el estado civil del afiliado a la AFJP. A los solteros, las administradoras les reconocen una expectativa de vida mayor. Y su retribución mensual será un 22 por ciento superior a la de un afiliado casado con una persona de su edad. Alguien que tiene en su cuenta 100 mil pesos y es soltero percibirá 724 pesos por mes, mientras que si es casado, sólo 558. Peor le irá a alguien que, a poco de jubilarse, contrae matrimonio con alguien mucho más joven. Por caso, de 25 años. En ese caso, recibirá 408 pesos, un 44 por ciento menos que el soltero y un 27 por ciento por debajo al casado con un coetáneo. Mientras que un soltero con un hijo a su cargo recibirá 690 pesos.

Estas diferencias dan cuenta de la regla del negocio de la jubilación privada. Las aseguradoras pagan menos por mes porque se cubren, ante la muerte del afiliado, por la mayor expectativa de vida de la chica de 25 años y del hijo, a quien deben financiar hasta que sea mayor de edad.

Estos ejemplos dan cuenta de la complejidad de la elección, dadas las incertidumbres que rodean, en mayor medida, a la jubilación privada. En ese sistema se desconoce tanto si los fondos acumulados tendrán rendimientos positivos como la suerte amorosa del cliente. En ese sentido, el Estado ofrece una mayor previsión sobre la jubilación futura. Aunque también es cierto que la historia de cada gobierno fue bien distinta: mientras el menemismo clavó la mínima en 150 pesos, la administración actual la elevó a 530. Pero dejó más desamparados a quienes reciben los haberes más altos. ¿Acaso quien piensa jubilarse con más de 1000 pesos mensuales no se sentirá atraído a seguir en la AFJP y tener un retiro programado? Como puede apreciarse, más que seguir una regla general, la decisión es bien personal.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-79594.html

Super Ventas

RECORD DE EXPORTACIONES Y EXCEDENTE COMERCIAL POR 12.409 MILLONES

Una lluvia de dólares comerciales
Tanto por suba de precios como por aumento de cantidades, el saldo del intercambio comercial del año pasado superó las previsiones. Siguen predominando las ventas externas de productores primarios.
Se destacaron las exportaciones mineras de cobre y oro. También las de la industria automotriz.


Por Claudio Scaletta

Con 46.569 millones de dólares, las exportaciones de 2006 crecieron el 15 por ciento en relación con el año anterior y marcaron un record. Las importaciones alcanzaron los 34.159 millones, una suba del 19 por ciento que no neutralizó al superávit comercial, que igualmente creció el 6 por ciento y sumó 12.409 millones, informó el Indec. Las variaciones se explicaron por los aumentos, en partes iguales en el promedio, de precios internacionales y cantidades comercializadas. La estructura del intercambio comercial, en tanto, se mantiene sin mayores alteraciones, con la sola irrupción de una nueva estrella: las exportaciones mineras de cobre y oro, junto a la mayor participación de la industria automotriz.

En términos generales el record exportador se explicó por los mejores precios para los principales productos en casi todos los rubros, lo que pudo ser acompañado por el incremento de la oferta.

Si se mira la división tradicional –la que presenta el ICA (Intercambio Comercial Argentino) del Indec– entre Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía, se observa que el 52 por ciento de las ventas externas del último año correspondieron a los llamados complejos agroindustriales (19 puntos de PP más 33 de MOA), en tanto que el 16 por ciento son Combustible y Energía, el producto de una industria esencialmente extractiva en el mercado local, ya que el grueso corresponde al petróleo crudo, carburantes y gas. En consecuencia, la matriz del comercio exterior sigue asentada en las actividades primarias o de base primaria, las que suman el 68 por ciento del total.

Si bien el crecimiento del valor de las MOI exportadas fue del 24 por ciento sumando 14.800 millones de dólares en 2006, sólo pasaron del 31 al 32 por ciento del total de las ventas al exterior. Contra lo que parecería sugerir el informe difundido ayer por el Indec, un punto porcentual está lejos de representar un cambio estructural.

Una aproximación más clara a la composición del comercio exterior se consigue si el análisis se realiza por complejos. Así, el complejo sojero exportó alrededor de 10.000 millones de dólares; el petrolero, 7300 millones; el cerealero más de 3100 millones; el de la minería de cobre y oro unos 2200 millones duplicando sus ventas de 2005. El de la carne –que cayó marginalmente el 2 por ciento a pesar del contexto de restricciones– unos 1600 millones, el “fruto-citro-hortícola”, 1500 millones, el lácteo, 765 millones, 27 por ciento más que un año antes.

Dentro de las MOI, se destacaron cuatro complejos. A la cabeza estuvo el automotor, que con 4000 millones de dólares vendidos al exterior creció un notable 40 por ciento. Le siguieron el químico, con 2600 millones y un 14 por ciento de aumento, el metalúrgico, con 2500 millones y 7 por ciento de crecimiento, y el plástico, con 1200 millones y 5 por ciento de expansión. En estos últimos tres casos la clave fue la mejora de los precios internacionales.

Aunque es probable que el conjunto de las cifras registradas en los distintos complejos no reflejen cabalmente el volumen real del comercio por las tradicionales situaciones de subfacturación (en particular en el marco de la existencia de derechos de exportación), sí presentan una idea de la estructura productiva local y su inserción en el mundo. Dado que la mayoría de los complejos reseñados se caracterizan por la existencia de empresas altamente concentradas con predominio de los capitales extranjeros en su control, es posible inferir –lo que es corroborado por los datos– la estructura de importaciones asociada. La economía local importa fundamentalmente insumos, tanto bienes de capital como intermedios, y bienes de consumo, como electrónica y automotores. Las cifras muestran que en 2006 se importaron unos 14.500 millones de dólares en bienes de capital y sus piezas y accesorios, casi 12.000 millones en bienes intermedios y algo más de 1700 en combustibles y lubricantes. También cerca de 4000 millones en Bienes de Consumo y unos de 2000 en automotores.

Por último, se observa la continuidad de una importante diversificación de las regiones con las que se comercia. Chile es el destino de unos 4400 millones de ventas. El Mercosur es el principal comprador, con 9900 millones, pero también el causante –esencialmente Brasil– de un déficit de 2800 millones. Las ventas a la Unión Europea ocupan el segundo lugar en el ranking, con casi 8200 millones y un crecimiento del 19 por ciento. El tercer puesto, con cerca de 7200 es para la tríada China, Japón e India, hacia donde las ventas crecieron el 13 por ciento, aunque con una creciente tendencia a la primarización en el caso de China

Pagina 12/ Martes, 23 de Enero de 2007
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-79436-2007-01-23.html

El aliado K Nº1

EL NUEVO MANDATO DE HUGO CHAVEZ : NUEVAS MEDIDAS QUE APUNTAN A AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO EN ESE PAIS, SEGUN EL MANDATARIO

Chávez anuncia que nacionaliza la luz y las telecomunicaciones Lo hará a través de una ley especial que enviará al Congreso, bajo su control. Son compañías privatizadas antes de que llegara al poder en 1999. También quitará la autonomía del Banco Central.


En un discurso extenso, ampuloso y enérgico, como es ya su marca personal, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció ayer que renacionalizará los sectores de electricidad y telefonía en su país y que pedirá al Congreso poderes especiales para gobernar con "leyes revolucionarias" en el camino hacia el socialismo.
"Estamos en un momento existencial de la vida venezolana. Nosotros vamos al socialismo y nada ni nadie podrá evitarlo", aseguró Chávez durante el acto en el que tomó juramento a su nuevo vicepresidente, Jorge Rodríguez y a los 25 ministros que lo acompañarán en su nuevo mandato, tras su reelección en diciembre.
"Todo lo privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. La (empresa telefónica) CANTV, nacionalícese. La nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos, de soberanía, de seguridad y de defensa", exclamó.
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) se privatizó en 1991 y está en poder de un consorcio manejado por la estadounidense Verizon Communications y Telefónica de España. El servicio eléctrico está a cargo de la estatal CADAFE en casi todo el país menos en la capital, donde opera la privada Electricidad de Caracas.

Chávez afirmó que ya tiene redactado el documento para pedir a la Asamblea Nacional (Congreso), dominada totalmente por el oficialismo, una ley "habilitante" que le otorga poderes especiales al presidente para legislar de forma rápida sin necesidad de la aprobación del Legislativo. Esta será la "madre de todas las leyes revolucionarias", prometió.

El presidente recordó que ya en 2001 obtuvo poderes especiales para legislar y entonces se aprobaron 49 leyes, entre ellas la de Tierras y la de Pesca, que detonaron un paro empresarial y la agudización de la tensión política, que llevó al fallido golpe de Estado en abril de 2002.
"Si en 2001 se impactó el esquema económico y social del país, esta vez se debe impactar con una potencia mucho mayor", vaticinó. Además, adelantó que nacionalizará todos los sistemas de refinación de petróleo pesado instalados por empresas extranjeras durante la llamada apertura de la industria, en los años 90.
Desde hace más de un año el gobierno de Chávez viene adelantando negociaciones con los cuatro consorcios internacionales que operan en la faja oriental de Orinoco para constituir empresas mixtas donde la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenga mayoría accionaria.
Las cuatro asociaciones de la faja petrolífera del Orinoco son manejadas hoy por British Petroleum, Exxon Mobil, ChevronTexaco, ConocoPhillips, la francesa Total y la noruega Statoil.
Hasta anoche, las empresas privadas vinculadas a los sectores eléctrico, petrolero y de telecomunicaciones no habían emitido comentarios sobre el anuncio.
Chávez, gran enemigo de Washington —pese a que EE.UU. es el principal destino de sus exportaciones de petróleo— reiteró que su país avanza rumbo al socialismo y que "eso requiere una profunda reforma constitucional, levantando el Estado comunal socialista bolivariano".
Al respecto, señaló que propon drá una reforma que elimine la autonomía del Banco Central de Venezuela, porque la autonomía es una "tesis neoliberal". El Banco Central, remarcó, dependía del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Como los gobiernos, estábamos totalmente esclavizados, ahora somos libres", indicó.
Aunque su mandato termina, en teoría, en 2013, afirmó: "Entramos a una nueva era, a la que hemos llamado proyecto nacional 2007-2021, son 15 años que vamos a darle duro, hacia el socialismo bolivariano, para eso se requiere mucho esfuerzo."
Por otra parte, el presidente insultó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, y dijo que debería renunciar por haber criticado su decisión de no renovar una licencia a un canal privado de TV.
Insulza es "un verdadero pendejo", disparó Chávez. Y agregó que "debería renunciar a la secretaría de la OEA, el insulso doctor Insulza, por atreverse a jugar el papel de virrey del imperio."
Hugo Chávez tira pistas sobre las contornos que tendrá su nuevo mandato. Y todo parece indicar que los sectores más duros de su Revolución Bolivariana prevalecerán en este nuevo período que él mismo gusta bautizar como "socialismo del Siglo XXI". El primer indicio de que es hora de ajustar clavijas lo dio la semana pasada cuando se deshizo de una figura clave y hombre de confianza de su entorno, el vicepresidente José Vicente Rangel, un moderado. Ahora anuncia que va por las privatizadas y el Banco Central, con la fuerza de poderes especiales. Pero la sorpresa mayor sobre los planes del venezolano se conocerá tal vez mañana, cuando hable ante la Asamblea Nacional, a la hora de asumir por siete años más.

Los trenes y los subsidios.



Trenes K


Pese a los padecimientos de los pasajeros Jaime rechaza pedido judicial de la Defensoría El organismo que encabeza Mondino entiende que las empresas prestatarias no cumplen debidamente sus obligaciones. "Estamos trabajando para recuperar el sistema ferroviario", respondió Jaime.
Jaime manifestó su rechazo a la presentación judicial de la Defensoría del Pueblo
Tras las duras críticas de los usuarios y el pedido judicial de la Defensoría del Pueblo de la Nación para eliminar los subsidios, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, manifestó su "rechazo" a esa medida e indicó que se está trabajando para recuperar ese sistema de transporte.
"Obviamente rechazamos" el pedido judicial de suspensión de subsidios a los ferrocarriles solicitado por la Defensoría, dijo Jaime al inaugurar un proyecto experimental de tranvía en el barrio de Puerto Madero. La defensoría había formulado este pedido , vía judicial, en razón que entendía que las empresas prestatarias no cumplen debidamente con sus obligaciones.
"Obviamente rechazamos esta petición. Estamos trabajando para recuperar el sistema ferroviario que fue destruído durante décadas", dijo el secretario. "A partir del 5 de este mes se embarca desde Portugal el segundo envío de material rodante ferroviario por más de 40 millones de pesos de inversión", indicó.
La inversión exacta es de 42.801.515,12 millones de pesos y comprende seis unidades ferroviarias eléctricas, tres automotoras, once locomotoras, cuatro coches remolcados, dos furgones y dos coches bar. También se prevé otro embarque de 36.062.334,88 pesos, que comprende 19 unidades, tres automotoras, ocho locomotoras y 16 coches GL.
Además, estimó que el 18 de enero se embarca desde España con destino a la Argentina material ferroviario por 100 millones de pesos y afirmó que "la única forma de recuperar el sistema es invirtiendo" en él. Esta inversión comprende material rodante de trocha ancha que incluye 36 coches para pasajeros; 10 furgones; seis unidades diesel eléctricas, 10 coches para desguase y tres unidades diesel para desguase.
"Si comparamos la evolución de los pasajeros transportados entre el 2005 y este año vemos que s e trasladaron 40 millones de personas más", expresó. "Esto demuestra que ha habido inversiones, que hay obras para hacer como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la electrificación del San Martín y del Belgrano Sur y la continuación de la del Roca", expresó.
Dijo que "son obras básicas. Controlamos a las empresas para que mantengan el servicio. Exigimos que lo cumplan. En algunos casos lo hacen y cuando no lo hacen son pasibles de multas".

Fuente: Télam
Publicado por diario Perfil

La versión del dolar barato.¿Cuánto vale el dolar K?




¿Por qué hay que pagar $ 3,10 por el dólar si vale $ 2,44?




¿Quién se lleva la diferencia?
Si Ud. es quien se lleva la diferencia y está embolsando mucho dinero a expensas de muchos otros argentinos... felicitaciones. Es nada solidario pero... en fin... Ahora si Ud. no se lleva la diferencia pero, a la vez, se encuentra muy satisfecho con este Gobierno y su modelo económico, resultaría interesante que nos explique porqué Ud. no es uno de los que se beneficia y, en definitiva, quién se la lleva. ¿Los exportadores manufactureros como Techint? ¿El Estado (Kirchner) que cobra retenciones al campo?

Cinco años después de la devaluación, y contra la mayor parte de los pronósticos de los economistas, el peso argentino sigue siendo una de las monedas más depreciadas del mundo.
No es aceptable afirmar que el beneficiado es el sector agropexportador porque paga elevadas retenciones. Sin duda que los beneficiarios del modelo de peso depreciado son:
> los políticos, o sea quienes administran el Estado, que ingresa abultados derechos de exportación que pagan los agroproductores; y
> los exportadores manufactureros, de alguna manera representados por la Unión Industrial Argentina que controla Organización Techint.
¿Quiénes son los perjudicados?
Los proveedores de servicios en general, y básicamente la población, que no solamente debe subsidiar el dólar sino que, además, debe comprar más caro todo aquello que se relacione con el dólar, como los alimentos.
De un panel de 20 países analizados por los economistas del banco de inversión JP Morgan, la Argentina tiene, por lejos, el tipo de cambio más atrasado. A valores de diciembre, en el Morgan aseguran que la cotización del peso está un 25% por debajo del "valor de equilibrio".
Si estas estimaciones son correctas, el dólar debería costar en la Argentina hoy $ 2,44 por unidad.
La estimación figura en informe global del 1er. trimestre del 2007 de la entidad. En el mercado, la palabra del Morgan en materia de tipos de cambio tiene un eco particular: la predicción de los movimientos de tipos de cambio es la especialidad de la entidad.
Desde ese área, como estratega global de monedas basado en Londres, se proyectó a la fama 10 años atrás Alfonso Prat Gay, el ex presidente del BCRA.
Para determinar el "tipo de cambio de equilibrio", los economistas pesan factores como productividad, precios externos, riesgo países y diferenciales de tasa de interés, entre otras variables.
Al igual que el peso argentino, se encuentran retrasados el dólar (un 10% contra el euro), el yen (11%), el peso chileno (7%) y el peruano (11%), en estos últimos casos, medidos contra el dólar.
Del otro lado, aparecen como apreciados el real brasileño (un 13% más caro que su valor de equilibrio) y el peso mexicano (4%), entre otras divisas.
La moneda local sigue sin revaluarse en forma sustancial, a pesar de la apreciación que se viene registrando en los últimos meses en América latina. En el 2006, de acuerdo al Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe de la Cepal, las monedas de América del Sur se apreciaron, en promedio, un 5,1%.
¿Qué pasará en 2007? En el JPMorgan creen que el peso argentino registrará una muy leve apreciación, del orden del 3%, con lo cual terminaría el año (suponiendo una inflación del 6%) en un valor nominal de $ 3,15.
El tipo de cambio alto es crucial para el actual modelo: un 10% de los $ 150.000 millones recaudados en 2006 corresponden a retención de exportaciones.
El 27 de diciembre, el diario Página/12 publicó la siguiente nota de Maximiliano Montenegro que permite comprender la transferencia de ingresos que ha provocado la distorsión de precios en medio de la ruptura de la Convertibilidad, la pesificación asimétrica y la sobrevaluación del dólar (que pagan todos los argentinos):

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-25265-2006-12-27.html

La realidad económica ya convalidó la pesificación. Hoy la gente deposita en los bancos en pesos y toma préstamos en pesos. Nadie corre detrás de un dólar, y hasta es "mala inversión" de esconder los verdes en el colchón. Salvo en las operaciones inmobiliarias, para casi todas las transacciones económicas se utilizan pesos.
La pesificación de facto no quita que se hayan cometido en estos años grandes injusticias que la Corte Suprema no va a corregir.
Entre el 2002 y 2003 salieron del 'corralito' más de US$ 7.000 millones, el 10% del total, vía amparos. Quien retiró entonces sus dólares reales ganó por donde se lo mire.
Con US$ 50.000 en el 2002, se podía comprar 1 departamento de 3 ambientes en uno de los mejores barrios de la Ciudad. Hoy esa propiedad cuesta el doble. O con US$ 10.000 se adquiría un auto que hoy vale cerca de US$ 20.000.
Argentina experimentó durante estos años una inflación en dólares que licuó parte del poder de compra de los dólares en la mano.
Más aún, quienes retiraron sus depósitos a fines de 2003 a $ 1,40 + CER, a una paridad cercana a $ 2,10, tal vez hayan defendido mejor el poder adquisitivo de sus ahorros (comprando un terreno) que quien esperó por dólares a $ 3,10. A decir verdad, los 50.000 depositantes que continuaron los juicios contra la pesificación son minoría. El resto se los llevó hace tiempo.
A los que lograron extraer sus depósitos cuando la paridad del dólar era de $ 3,80 nadie los obligará a devolver nada.
Los bancos están ganando, de nuevo, mucho dinero y ninguno reclamará sobre cosas del pasado.
Los grandes beneficiados por la pesificación fueron los deudores, que tomaron préstamos en dólares y terminaron devolviéndolos 1 a 1. Y en particular, los deudores con ingresos en dólares, como las empresas exportadoras, para las que hubo una verdadera licuación de sus pasivos. Deuda pesificada, facturación en dólares: la ecuación perfecta.
¿Quiénes pagaron el costo de la pesificación? Una parte los depositantes, por lo comentado más arriba. Pero fundamentalmente el Estado, es decir todos los argentinos, hasta los más pobres. Se emitieron más de US$ 16.000 millones en títulos públicos con vencimiento hasta el año 2012 para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica: créditos 1 a 1, depósitos a $ 1,40.
Esa es la mayor injusticia de la pesificación. Los pobres en Argentina nunca depositaron en el sistema financiero y los bancos jamás les otorgaron un préstamo. Pero pagarán igual. Los bancos aseguran que la compensación estatal era necesaria, porque si no habrían tenido que cobrar los créditos dolarizados para resarcir a los depositantes. Hay quienes dicen que en realidad el salvataje fue para los bancos, porque jamás habrían podido recuperar los préstamos dolarizados y habrían quebrado antes de ejecutar las hipotecas. Lo cierto es que el Estado, como siempre, pagó la mayor parte de la cuenta.

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Fuerzas K-Clarín 4 de enero de 2007

SE PRESENTARON COMO "UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA" EN EL KIRCHNERISMO
Los piqueteros "K" juegan en la interna
Tras la salida de D'Elía, buscan mantener su espacio en el oficialismo.
JUNTOS. DEPETRI, D'ELIA Y PERSICO, AYER, EN LA LEGISLATURA. DICEN SER UNA OPCION ANTE "EL AVANCE DE LA DERECHA".'

Un grupo de dirigentes kirchneristas se presentó ayer como una "alternativa" interna de cara a un segundo período de gobierno y denunció que el proyecto del presidente Néstor Kirchner es "acechado" por la "derecha", incluso dentro del Frente para la Victoria. Estas definiciones se escucharon ayer, en una mesa—debate que reunió al diputado Edgardo Depetri, al ex subsecretario de Vivienda y Hábitat Social, Luis D'Elía; al vicejefe de Gabinete bonaerense, Emilio Pérsico, y a Humberto Tumini, de la agrupación Libres del Sur.
La cita fue en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña y la convocó Depetri, del Frente Transversal Nacional y Popular.
El debate giró en torno a la necesidad de mejorar la distribución del ingreso desde el Estado y de renovar la política como "tareas pendientes" del kirchnerismo en el poder.
Hubo clima de militancia, mucho lenguaje y jerga propios de este tipo de encuentro, con aplausos en apoyo a la definiciones de quienes se presentaron como "la izquierda, en términos de cambio" del Frente para la Victoria. La convocatoria se realizó bajo el título "Actualidad política y el rol de los movimientos sociales".Humberto Tumini (cuyo grupo Libres del Sur adhiere a Nuevos Ayres, el espacio político creado por Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos de Jorge Telerman), dijo que "el gran desafío de los movimientos sociales, será lograr una renovación política y mejorar los sistemas de salud, educación y de derecho laboral".
Para Tumini, se deben "profundizar los cambios" promovidos por el gobierno de Kirchner.El ex funcionario Luis D'Elía, de la Federación de Tierra y Vivienda, denunció que el proyecto del presidente Kirchner, está "lleno de acechanzas", entre quienes se encuentra "la derecha oligárquica, articulada con la derecha del Frente para la Victoria" que aboga "a imagen y semejanza de los noventa, por priorizar el crecimiento económico y las inversiones extranjeras". D'Elía, que sigue defendiendo al presidente Kirchner aún cuando dejó el gobierno después de haber organizado una marcha a favor del Estado de Irán, dijo que "hay algunos autoritarios" que "no quieren la democracia interna" porque "dicen que le hacemos el juego a la derecha".Pérsico, líder del Movimiento Evita, aseguró que los movimientos sociales son hoy "la columna vertebral del movimiento nacional", como en la década de 1940 fueron los trabajadores y en los 70, los integrantes de la juventud peronista, según comparó.
Depetri comenzó su discurso declarando que aún "no se triunfó en derrotar definitivamente a la vieja política" y reclamó un "nuevo modelo sindical" que dé la posibilidad "que desde la clase trabajadora se construya un modelo de país".Humberto Tumini, en diálogo con Clarín, evaluó que el encuentro de ayer, significó "emitir una señal para decir 'aquí estamos'". Si bien no quedó una mesa coordinadora estable entre estas cuatro agrupaciones sociales, próximamente podrían aceitarse los vínculos entre quienes se consideran "la izquierda del kirchnerismo".
Noticia

¿Quién es Nestor Kirchner? segun Wikipedia









Néstor Carlos Kirchner (nacido el 25 de febrero de 1950) es el presidente de la República Argentina desde el día 25 de mayo de 2003. Es un peronista identificado con los sectores de izquierda de su partido, y antes de ser electo presidente fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Luego de la grave crisis institucional que vivió la Argentina, Kirchner reconstituyó la autoridad presidencial.

Primeros tiempos

Kirchner nació en Río Gallegos, capital de la patagónica provincia de Santa Cruz. Su padre, Néstor Kirchner, era un trabajador postal descendiente de inmigrantes suizos; su madre, María Ostoić, chilena descendiente de inmigrantes croatas, nació en Punta Arenas. Realizó sus estudios primarios y secundarios en escuelas públicas locales. Egresó del Colegio Nacional República de Guatemala.
Tempranamente Kirchner participó en el
movimiento justicialista como miembro de la Juventud Peronista, un sector juvenil de izquierda radicalmente opuesto a la dictadura militar de 1966-1973. A principios de la década del setenta, Kirchner estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, recibiendo su diploma de abogado en 1976. En 1974, como parte de su formación y a las órdenes del director Héctor Olivera, actuó como extra en el exitoso largometraje "La Patagonia Rebelde"[1]. En 1976, luego del golpe del 24 de marzo, junto con su esposa, Cristina Fernández, abandonó La Plata para retornar a Río Gallegos para dedicarse a ejercer su profesión, alejado de la política. Durante la dictadura militar de Videla fue puesto en prisión en dos oportunidades (se desconocen las razones).
Una vez terminado el gobierno militar y con el retorno de la democracia en
1983, Kirchner se convirtió en funcionario del gobierno provincial. Desde fines de 1983 hasta julio de 1984 fue presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia, pero fue forzado a renunciar por el gobernador a causa de una disputa sobre política financiera. Este incidente lo hizo conocido en el ámbito local, y constituyó el paso inicial de su carrera política.
En
1986 había alcanzado el apoyo interno necesario para obtener la candidatura a intendente municipal (alcalde) de la ciudad de Río Gallegos. Triunfó por escaso margen en las elecciones del 6 de septiembre de 1987, asumiendo el cargo el 10 de diciembre siguiente. Al mismo tiempo, su compañero de partido Ricardo del Val era electo gobernador, con lo que el peronismo se afianzó firmemente en la provincia de Santa Cruz.
La gestión de Kirchner como intendente desde
1987 a 1991 le granjeó suficiente apoyo para ser electo gobernador de la provincia en 1991, con el 61% de los votos. Por ese tiempo su esposa ya era miembro del congreso provincial.

Gobernador de Santa Cruz

Cuando Kirchner asumió la gobernación, la provincia de Santa Cruz contribuía con sólo el 1 % del PIB nacional, principalmente en la producción de materias primas (mayormente petróleo), y enfrentaba una grave crisis económica, con elevados niveles de desempleo y un déficit fiscal de 1.200 millones de dólares. Sus políticas se centraron en la realización de inversiones para estimular la actividad productiva, el empleo y el consumo.

Recortando el gasto público y aprovechando las regalías de la industria petrolera, Kirchner logró restaurar el equilibrio de las cuentas provinciales. La provincia alcanzó razonables niveles de crecimiento económico, lo que fue facilitado por la escala relativamente pequeña de la base económica y del mercado de trabajo de su provincia.
Sus críticos señalan que su gestión no fue diferente a la de la mayor parte de los gobernadores peronistas, y que siguió los lineamientos nacionales de las políticas impulsadas por Menem, basándose en el personalismo y el autoritarismo, manteniendo control sobre la prensa local y nombrando como jueces de la Corte Suprema provincial a personas de su confianza. El uso discrecional del empleo público y una economía fuertemente subsidiada, llevó al desarrollo del
clientelismo político en la provincia.
En
1994 y en 1998, Kirchner impulsó reformas en la constitución provincial, que permitieron la reelección indefinida del gobernador. En 1994 fue miembro de la Convención Constituyente que reformó la Constitución Argentina.
En 1995, con las reformas a la Constitución provincial ya en vigencia, Kirchner fue reelecto gobernador por amplio margen (66,5% de los votos). A partir de ese momento Kirchner se distanció de Menem (que además de presidente de la Nación era el líder del Partido Justicialista) lanzando una línea interna dentro del partido, llamada “Corriente Peronista”.
El intento de Menem en
1998 de presentarse a una re-elección, con base en una interpretación ad hoc del texto constitucional, generó fuerte oposición en la sociedad argentina, en ámbitos académicos y aún dentro de las filas del Partido Justicialista. Kirchner se alió con el principal opositor de Menem dentro del Partido Justicialista, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (y más tarde presidente) Eduardo Duhalde.

El gobierno de Fernando de la Rúa - Sucesos de Diciembre de 2001

Las elecciones del 24 de octubre de 1999 fueron un duro golpe para el partido justicialista. Fue electo presidente Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza (un conglomerado de fuerzas del centro y de la izquierda moderada, encabezado por la Unión Cívica Radical), y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
La Alianza logró también buenos resultados en Santa Cruz, pero pese a ello Kirchner fue reelecto en mayo de ese año con el 54,7% de los votos, imponiéndose a una alianza conformada por la
Unión Cívica Radical y los sectores menemistas del justicialismo reunidos en el Movimiento Federal Santacruceño.
La victoria de De la Rúa se debió, en parte, al fuerte rechazo público hacia la corrupción del mandato de Menem, así como al deterioro de la situación económica del país, que había entrado en recesión.
De la Rúa tomó severas medidas de ajuste que, a la postre, terminaron deteriorando aún más las finanzas públicas y la capacidad productiva de la industria nacional, lo que desembocaría en la peor crisis económica, política y social de la historia argentina.
El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al
FMI y a bancos privados para reducir la presión de la deuda externa. En diciembre de 2000 se negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares (denominado el Blindaje), y el gobierno anunció la inversión de 20.000 millones de dólares para programas de obras públicas para reavivar la economía. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones impuestas por el FMI a cambio de su ayuda.
A finales de
2001, el desempleo había superado la barrera del 20%. En la pendiente, el gobierno de la Alianza recurre a nombrar ministro de economía a Domingo Cavallo, que ya había ocupado el cargo durante varios años de gobierno de Menem. Esto resultó en un descontento entre quienes habían votado a la Alianza, ya que éste voto había sido no sólo un rechazo a la figura de Carlos Menem sino que también incluía a Domingo Cavallo.
En noviembre de 2001, el gobierno inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, lo que en la práctica significaba la cesación de pagos (default). El agravamiento de la situación económica provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. Para evitar una corrida se impusieron restricciones a la extracción de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el “
corralito”, altamente impopular. Los grandes grupos económicos, sin embargo, tuvieron vía libre para fugar del país una importantísima masa de capitales. El FMI, en tanto, endureció su posición exigiendo un recorte del 10% en el presupuesto público antes de producir cualquier nuevo desembolso de fondos.
Saqueos, huelgas, y manifestaciones populares, se sucedieron en todo el país a finales de diciembre de
2001. De la Rúa respondió con el establecimiento del estado de sitio y una feroz represión que provocó 33 muertos, 354 heridos y más de 2.500 detenidos los días 19 y 20 de diciembre.
De la Rúa renunció habiendo completado apenas la mitad de su mandato; lo sucedió una serie de presidentes interinos, incapaces de estabilizar la situación. En enero de
2002 el Congreso nombró finalmente a Eduardo Duhalde para completar el período presidencial.
Duhalde devaluó la moneda argentina (el
peso), y procuró capear el temporal de la crisis económica. Los sucesos de diciembre de 2001 habían dejado en la sociedad un fuerte sentimiento de rechazo hacia toda la dirigencia política, caracterizado por la famosa consigna “¡Que se vayan todos!”.

Las elecciones presidenciales de 2003

La situación con vistas a las elecciones presidenciales se presentaba confusa. Varios líderes del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura: el propio Kirchner, que contaba con pocas fuerzas propias para definir una elección interna dentro de su partido; el ex-presidente Carlos Menem; y los gobernadores de las provincias de Córdoba, José Manuel de la Sota, Salta, Juan Carlos Romero, y San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Este último había tenido un breve interinato como presidente en diciembre de 2001 y fue quien declaró la cesación de pago de la deuda externa argentina. Las elecciones internas para definir la candidatura peronista se anunciaron primero para noviembre de 2002, y luego se postergaron a febrero de 2003.
El entonces presidente Duhalde, figura de peso dentro del justicialismo no sólo por su condición presidencial sino también por su control hegemónico sobre la estructura partidaria de la
provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, intentó jugar sus cartas en favor del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Éste, sin embargo, prefirió no presentar su candidatura; Duhalde trasladó sus preferencias a De la Sota, con quien tampoco pudo alcanzar un acuerdo estratégico. Así, el 15 de enero de 2003 anunció su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner. Con este espaldarazo, Kirchner se situó en una posición mucho más favorable.

Sin embargo, la situación interna del justicialismo no estaba resuelta y si bien el apoyo de Duhalde era significativo, no garantizaba de por sí que Kirchner resultara el candidato presidencial. Por otra parte, las fricciones de una elección interna tan cercana a la elección nacional, prevista para el 27 de abril, podrían provocar un deterioro en las expectativas del justicialismo de obtener una victoria. Así, el 24 de enero, y con el argumento de que los tres aspirantes que quedaban en carrera (Kirchner, Rodiguez Saá y Menem, que había incorporado a Romero como candidato a vicepresidente) presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.
Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de
Ricardo López Murphy (ex-ministro de De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha). Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil socialdemócrata con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud (sintetizado de algún modo en sus eslogans de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”). No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.
La campaña electoral estuvo condicionada por los efectos de la crisis: la fecha de elecciones había tenido que ser adelantada tras la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón (ver
Masacre de Avellaneda). Si bien se evidenciaron algunos leves signos de recuperación económica, por efecto del default y la restricción del gasto público, con leve recuperación de la tasa de cambio del peso frente al dólar y moderado aumento del PBI, las consecuencias sociales de la crisis fueron terribles: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.
En las elecciones del
27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria (de Kirchner) obtuvo sólo un 22,0% de los votos, resultando superado por Menem (“Alianza Frente por la Lealtad -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45% de los votos válidos emitidos, los dos más votados deben disputar una segunda vuelta (ballotage).
Fuera de esta segunda ronda quedaron López Murphy, Rodríguez Saá con el 14,2% y la candidata de centroizquierda
Elisa Carrió (ex radical) con el 14,1%. El candidato de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moreau, ocupó el sexto puesto con un 2,3% en la peor elección de la historia de su partido.
Después de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el Mercosur y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.
La segunda vuelta debía llevarse a cabo el
18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Ello significaba no tanto apoyo explícito a los méritos propios de Kirchner, como rechazo a la posibilidad de que Menem presidiera nuevamente el país. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el expresidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007.

Presidencia de Argentina

Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Kirchner tuvo éxito, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de la historia mundial: canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índice de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

Kirchner ha mantenido una relación conflictiva en lo verbal con el FMI, aunque ha optado por seguir el ejemplo de Lula, su par brasileño, pagando por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional (más de 10.000 millones de dólares). De manera que, a pesar de las declaraciones públicas, el gobierno de Kirchner ha sido el que más deuda canceló con el FMI en todo el transcurso de la historia argentina.
Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. La izquierda sostiene que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios (el salario real en Argentina se encuentra en su peor nivel histórico) y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente.
Kirchner ha llevado adelante una crítica pública de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (inicialmente encabezada por el ex-general
Videla) y ha sumado a su gobierno a miembros de organismos de Derechos Humanos, lo que le ha merecido críticas tanto de la derecha (que lo acusan de “evitar la reconciliación nacional”) como desde la izquierda (que consideran que estas acciones serían meramente declarativas, con el fin de esconder el “carácter represivo del propio gobierno de Kirchner”, argumentación que ejemplifican con los recientes sucesos de Las Heras, y el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH).
Tras la últimas
elecciones legislativas (en octubre de 2005), Kirchner ha obtenido una mayoría a nivel nacional y ha logrado desplazar a Duhalde del control del aparato político del conurbano bonaerense. Esto se ha reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.
La oposición cuestiona el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de
decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno—.

A nivel internacional, Kirchner se ha identificado con la tendencia que encarnan Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), y Michelle Bachelet (Chile). Al igual que estos jefes de estado, Kirchner ha mantenido las relaciones con el gobierno norteamericano sin cambios esenciales. La participación argentina en la MINUSTAH se realizó por pedido directo del gobierno norteamericano, y el gobierno argentino sigue permitiendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas norteamericanas en territorio argentino. Asimismo, en marzo de 2006 ha aprobado una batería de leyes con el fin de sumarse a la "lucha contra el terrorismo" propugnada por el presidente norteamericano George W. Bush, quien había sido felicitado por su colega Kirchner en la reelección del primero en noviembre del 2004.

Nestor Kirchner, alias "pingüino"

Nestor Kirchner, alias "pingüino"
Kirchner, accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina, el 25 de mayo de 2003. Pudo impulsar desde las exportaciones una tasa de crecimiento del PBI cercana al 10%, durante 4 años consecutivos. Tuvo éxito, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de la historia mundial: canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índice de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. Conceló la deuda con el FMI, otorgando soberanía al país. Logró atraer inversiones, a pesar del aislamiento financiero "pos default", y se alineó con Venezuela y los países del Mercosur, criticando el ALCA. Aplicó una política de defensa de los derechos humanos, promoviendo el juicio a los culpables del terrorismo de Estado, de la última dictadura militar. además de lograr una exitosa reforma de la Corte Suprema de Justicia. Su muerte, en octubre de 2010, produjo una importante conmoción y movilización popular, en donde los jóvenes, aparecieron definitavamente como protagonistas de su legado político