Suplemento Zona- Clarín 24 de febrero de 2007
EL ESTADO EMPRESARIO: LA ESTATIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA PROVISION DE ENERGIA
El Gobierno se involucra cada vez más en empresas clave
Se acaba de aprobar el ingreso del Estado al negocio de los aeropuertos. Ya se habían recuperado dos empresas privatizadas: el correo y la distribuidora de aguas. Y en el 2006 se invirtieron $7.500 millones en empresas públicas y privadas. Las críticas de la oposición. Los acuerdos que se vienen.
Gerardo Young.
gyoung@clarin.com
EL ESTADO EMPRESARIO: LA ESTATIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA PROVISION DE ENERGIA
El Gobierno se involucra cada vez más en empresas clave
Se acaba de aprobar el ingreso del Estado al negocio de los aeropuertos. Ya se habían recuperado dos empresas privatizadas: el correo y la distribuidora de aguas. Y en el 2006 se invirtieron $7.500 millones en empresas públicas y privadas. Las críticas de la oposición. Los acuerdos que se vienen.
Gerardo Young.
gyoung@clarin.com
El correo; la administración de los aeropuertos; líneas aéreas; provisión de agua potable y de cloacas; hasta servicios de trenes y la provisión de combustibles. Servicios esenciales de los que el Estado se había desentendido en la década del noventa vuelven ahora a sus manos, en un proceso lento pero consistente y, en apariencia, recién en su génesis.
Desde distintos sectores de la vida política —y hasta en el propio Gobierno— intentan, todavía sin éxito, definir y etiquetar este retorno del Estado como protagonista de la economía. Está claro que no es una nacionalización de los servicios públicos, pero tampoco es lo opuesto y ni siquiera un intento por hacer de las empresas esenciales una mixtura entre lo público y lo privado. En el Gobierno hablan de "un proceso impuesto por la necesidad", según definió a Clarín Gustavo Simeonoff, titular de Uniren, un organismo del Ministerio de Planificación encargado de renegociar, tras la crisis del 2002, los contratos existentes con las empresas privatizadas. En el arco opositor en general no cuestionan el corazón del proceso, pero sí la falta de transparencia y controles de los nuevos fondos y empresas del Estado.
Lo cierto es que desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, el Estado ha recuperado mucho espacio en empresas de servicios públicos o de infraestructura y energía, que estaban en manos privadas y que han cedido todo o parte de sus acciones. Hay cifras elocuentes: durante el 2006, el Gobierno destinó 7.500 millones de pesos entre préstamos, subsidios e inversiones en empresas públicas y grupos económicos privados, según el último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto. Eso representa un 62% más de lo que había colocado en el 2005, cuando en el sector empresario se invirtieron 4.700 millones.
En los próximos días y meses se sellarán nuevos acuerdos para recuperar empresas o asociarse a ellas, como este martes, cuando el Estado se incorpore con un 25% de las acciones a la empresa que está construyendo el puente entre Rosario y Victoria, la constructora alemana Hochtief, a cambio de perdonarle una deuda de $ 52 millones. Y hasta se menciona la posibilidad de que el Estado compre la petrolera YPF, antaño emblema y orgullo de las empresas del Estado. Lo hecho, de todos modos ya es mucho. Aquí, las más importantes inversiones del Estado empresario en la actualidad:
Se recuperó el correo oficial, que sobre el final del menemismo pasó a manos del Grupo Macri y a fines del 2003 volvió a ser administrado por el Estado. La empresa pasó de facturar 550 millones en el 2003 a 700 millones en el 2004 y enseguida empezó a dar ganancias.
Se recuperó la empresa que proveé agua y clocas a la Capital Federal y al primer cordón del conurbano bonaerense. La ex Aguas Argentinas llevaba años sin hacer inversiones de mantenimiento ni expansión. Ahora lleva nueve meses como AySA y hace diez días el Congreso aprobó su marco regulatorio, con el compromiso oficial de invertir más de 17 mil millones de pesos hasta el 2020.
Se ingresó en el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, con un 5%, aunque el Gobierno tiene la opción de extender su porción hasta el 20%. La mayor parte de la empresa sigue en manos de la española Marsans.
Se ingresó en Aeropuertos Argentina 2000, empresa que administra 34 aeropuertos del país y otros negocios aeroportuarios y de infraestructura. El Estado accederá al 20% de las acciones, acuerdo que aporbó el Congreso, con muchas críticas, hace diez días. Autorizó al Gobierno a adquirir el 20% de las acciones de Aeropuertos a cambio de la condonación de una deuda de 849 millones de pesos.
Se le quitó la concesión a la empresa que administraba el Ferrocarril San Martín —la línea que va de Retiro a Pilar— y ahora está siendo manejada, con fondos púlbicos, por una unidad mixta entre empresarios del sector y representantes públicos.
A estas iniciativas —las más notables— hay que sumarle otras formas que viene encontrando el Gobierno para involucrarse en los sectores que considera clave en la economía. En el caso de los trenes, por ejemplo, el Gobierno mantiene en manos privadas la mayoría de las concesiones —salvo el San Martín—, pero alimenta a las líneas ferroviarias con importantes subsidios y hasta les compra vagones e insumos. En el 2006, los subsidios para el transporte ferroviario y aeronáutico superaron los 1.800 millones de pesos, lo que equivale a tres presupuestos anuales del Congreso nacional.
Si el Estado pone tanta plata, ¿para qué sirven los concesionarios? "Es una pregunta que todos nos hacemos, o mejor dicho, que ya debemos empezar a hacernos", dijo a Clarín un importante fuente del ministerio de Planificación, que controla el área, y donde advierten que de haber cambios en la administración de los trenes, no serán durante el 2007. Este año se mantendrá todo igual: mucho subsidio a los concesionarios y el congelamiento de los precios del transporte público de pasajeros.
Hay sectores de la economía donde el Gobierno intenta colarse en el mercado para competir o imponer precios de referencia. En ese camino se crearon empresas como Arsat (para emprendimientos satelitales) o la aerolínea estatal LAFSA, que intentó absorver a la privada Souther Winds, sin éxito, y no llegó a comprar ni siquiera un avión, a pesar de que sigue consumiendo presupuesto (5,2 millones para este año). La apuesta más fuerte de las empresas nacidas y criadas durante este gobierno, es sin duda la energética Enarsa.
Aunque todavía es más proyecto que certeza, Enarsa recibió en el 2006 más de 300 millones de pesos de presupuesto para su puesta en marcha, mientras el Gobierno firma acuerdos para asociarla a sus pares de Venezuela, Bolivia, Brasil y más. El ministerio de Planificación ya anunció que para Enarsa analiza la compra de una red de estaciones de servicio —Rhasa— y en los últimos días tomaron fuerza versiones de que el Gobierno estaría planenado la compra y recuperación de YPF, la histórica explotadora de los yacimientos argentinos que hoy administran fondos españoles. "Será un golpe de efecto espectacular, como el pago al FMI. Y se hará igual, con fondos del Tesoro. Ya se separaron 11.200 millones de dólares", dijo a Clarín uno de los hombres de Gobierno que alimenta esa idea como broche de la gestión K, aunque en su momento fue Kirchner, como gobernador de San Cruz, uno de los que votó a favor de la concesión de YPF en manos privadas. ¿Será cierto que se recuperará la petrolera nacional? Oficialmente se desmientó. Por ahora es eso.
La memoria colectiva suele tener, como todo ejercicio de la voluntad, sus trucos y piruetas. El Estado empresario remite a la década del ochenta, cuando la vieja empresa de correo colapsaba y los trenes perdian año a año plata y prestigio. Pocos son los que recuerdan, en cambio, que los trenes hoy subsisten sólo gracias a subsidios del Estado y que el correo se declaró, en manos privadas, al borde del default. Ahora bien, ¿cómo funcionan las nuevas empresas del Estado? ¿Son parecidas a las gigantezcas moles que abrieron la puerta a las privatizaciones?
"Los primeros tiempos fueron dificiles porque la memoria con las empresas públicas está viva. Tuvimos que hacer un esfuero para demostrarle a nuestros clientes que veníamos con una voluntad de cambio", le dice a Clarín el presidente del Correo oficial, Eduardo Di Cola, un dirigente peronista elegido por Kirchner para este cargo. La clave, según Di Cola, es mantener la lógica competitiva de una empresa privada sin perder de vista el proyecto público: que se debe garantizar el servicio en los lugares donde no es rentable.
—¿Hacen licitaciones para las compras?— le preguntó Clarín.
—No, no se podría. Para mantenerte competitivo tenés que tener las mismas herramientas que el resto—, se sinceró. Y aquí una de las críticas de la oposición. Las empresas reestatizadas están siendo creadas como sociedades anónimas y no como sociedades del Estado. Eso les da algunos beneficios —como flexibilizar los procesos de compras— pero naturalmente reduce los controles.
El Correo volvió a manos del Estado a fines del 2003 y dio inicio a la saga. Desde entonces, y con la crisis y el estado de emergencias declarados, el Gobierno se puso a renegociar los contratos con todas las empresas privatizadas o concesionadas durante la déacada del «+90. Hoy el proceso está avanzado y ya se firmaron acuerdos con 43 empresas en renegociación. Fue en ese marco donde nacieron muchas de las estatizaciones totales o parciales.
"Nuestra idea es que sigan los privados mientras se pueda. La política del Gobierno es que el Estado interviene cuando no hay otro camino", dice el presidente de la Uniren, la Unidad encargada de esas negociaciones. La última negociación que devino en la intervención del Estado en una empresa, fue el acuerdo aprobado el martes 20 de febrero en el Congreso. Allí se decidió que el Estado tendrá el 20% de las acciones de Aeropuertos 2000, a cambio de perdonarle a esa empresa una deuda de 888 millones de pesos.
Un caso diferente fue el de la distribuidora de aguas en la Capital y parte del conurbano. Los dueños mayoritarios de Aguas Argentinas se fueron del país el año pasado y el Gobierno decidió hacerse cargo de la empresa. "Era un tema urgente. El agua es un tema urgente", dice XXXX, de la Uniren. En Aysa, el Estado tiene el 90% de las acciones —el 10% restante es de los trabajadores— y tiene representantes del gobierno nacional, del de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación. A diferencia de lo que ocurrió en el Correo oficial, en Aysa se nombró en la presidencia a un sanitarista con experiencia, Carlos Ben, que había trabajado para Obras Sanitarias —antes de la privatización— luego para la privatizada y ahora otra vez para el Estado. Ben también habló con Clarín: "La diferencia es que antes no se invertía y ahora sí.
Volvió al Estado a fines del 2003. Factura $750 millones al año y en 2006 tuvo ganancias por $22 millones. Mantiene tarifas congeladas.
Aguas y cloacas
Aysa acaba de cumplir 9 meses en el Estado. Abastece a la Capital y al primer cordón del conurbano. No da pérdida y factura $700 millones al año.
Aeropuertos
El Estado recibirá el 20% de las acciones de la administradora de los principales aeropuertos del país. A cambio, le perdona deudas por $849 millones.
Energía
Enarsa fue creada para poner precios de referencia en el mercado energético. Es la gran apuesta oficial y ya tiene $360 millones de presupuesto.
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2007/02/25/z-03215.htm
No hay comentarios.:
Publicar un comentario